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La extradición activa es la solicitud de entrega que hace el Estado requirente de una persona para ser juzgada o cumplir una pena en el mismo, y la extradición pasiva es la entrega de un individuo que hace el Estado al que se ha requerido.

El principio de doble incriminación es uno de los requisitos fundamentales para la extradición. Este principio establece que el delito por el cual se solicita la extradición debe estar tipificado tanto en el país requirente como en el país requerido. Es decir, debe existir una correspondencia de elementos del delito entre ambos sistemas jurídicos.

Esta materia tiene como fin principal favorecer la reinserción social, sin olvidar el efecto humanizador en la ejecución, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales. Siempre que se desee y que sea conveniente, es posible tramitar este instrumento propio del Derecho Internacional Humanitario, que permite que la persona condenada en un Estado diferente al de su nacionalidad o residencia, pueda cumplir la condena que se le ha impuesto en el país en el que más fácilmente logrará su reinserción social al salir de la cárcel por haber cumplido la pena impuesta por la Justicia.

En esta última tienen especial relevancia la aplicación del Principio de Legalidad, el Principio de Reciprocidad hacia el Estado requirente, el de doble incriminación ya que el hecho objeto del delito debe ser así considerado en ambos estados, el de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España y el de no extradición por delitos de escasa gravedad. Esta ley define también los motivos de denegación obligatoria de extradición.

El principio de especialidad se refiere a que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue extraditada.

En primer lugar, se verifica que se cumplan todos los requisitos necesarios para presentar la demanda, como la identificación precisa del acusado, la descripción detallada del delito y las pruebas suficientes que respalden la solicitud.

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■ Delitos de automobileácter check this blog político, no contemplateándose como tales los actos de terrorismo; los crímenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la prevención y penalización del crimen de genocidio adoptado por la Asamblea Normal de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

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■ Si la persona reclamada ya ha sido juzgada o lo esta siendo en España por los mismos hechos que sirvan de foundation a la anchor solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a ésta cuando se hubiere decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.

Se refiere a la perspectiva del estado requirente y tendrá lugar cuando el Estado español sea el que lo solicite a otro Estado.

Principio «non bis in idem», por el que no se concede la extradición por delitos ya juzgados o que se estén juzgando en España.

Si el Gobierno Español accede a continuar el procedimiento por vía judicial, remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Si no estuviera detenida la persona reclamada, el Ministerio de Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención preventiva, redacte el atestado, y en el plazo de veinticuatro horas ponga a disposición judicial al detenido.